Economía y hacienda aprueba modificar la Ordenanza Fiscal para que los casos de dación en pago no tengan que abonar plusvalías

La comisión de Economía y Hacienda, reunida en el día de hoy, ha aprobado el dictamen para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

El objetivo es adaptar la ordenanza a la legislación nacional y también crear exenciones en el ámbito municipal de las que se beneficiarán las personas que han tenido que acogerse a la dación en pago de las viviendas habituales y también las empresas que creen empleo estable.

De esta forma, la modificación de la ordenanza incluye un nuevo apartado en el artículo 5, relativo a las personas que estarán exentas del pago de esta tasa para los casos en los que se realicen transmisiones "con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca y las transmisiones de dicha vivienda llevadas a cabo en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales, siempre que dentro de la unidad familiar no se disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria".

Además, se especifica que se considera "vivienda habitual" para poder acogerse a esta exención "aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años". El concepto de "unidad familiar" será el mismo que se utiliza para el IRPF, incluyendo la equiparación entre matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

La concurrencia de los requisitos previstos se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria municipal mediante escrito de solicitud de reconocimiento de la exención al que se acompañará la escritura pública o auto judicial de la dación en pago o ejecución hipotecaria y la identificación de todos los miembros de la unidad familiar, tras lo cual, la oficina liquidadora del impuesto incorporará al expediente los certificados de bienes, así como de empadronamiento, residencia o convivencia que fueran necesarios para dar constancia del cumplimiento de los requisitos exigidos.

Bonificaciones para empresas que creen empleo estable
Asimismo, se modificará el artículo 14 de la ordenanza relativo a las transmisiones de terrenos para la implantación de actividades industriales, comerciales, de servicios o profesional "que traigan consigo la creación de empleo estable y director y que por ello sean declaradas de especial interés o utilidad municipal". Así, para estos casos, se aplicará una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, graduándose dicho beneficio tributario en función del número de puestos de trabajo creados.

Las escalas, cuya redacción definitiva irá a Pleno, oscilarán entre el 95% de exención para la implantación de negocios que generen más de 60 puestos de trabajo hasta el 50% de aquellos que generen entre 10 y 20.

Para optar a esta bonificación, las peticiones deberán incluir la documentación justificativa del "contrato de trabajo fijo" de los puestos de "nueva creación". Además, se señala que este beneficio tributario se entenderá concedido bajo la condición del mantenimiento de los puestos de trabajo que dieron lugar a la bonificación, que se deberá volver a acreditar "transcurridos dos años, contados desde la contratación laboral". En caso de que no se mantengan, se procederá a efectuar la liquidación total de la tasa de forma complementaria y por el importe de la cantidad bonificada.

Desde el equipo de Gobierno se ha valorado muy positivamente esta modificación de la Ordenanza, puesto que se trata de medidas para ayudar a las personas que están atravesando por una situación complicada, como es tener que entregar su vivienda habitual y que estaba gravado con las plusvalías, además de ayudar a la creación de empleo de calidad y estable, lo que ayudará a la implantación de empresas en la ciudad. La modificación de la ordenanza ha contado con el voto favorable del PP y PSOE y la abstención de IU y la concejala no adscrita.

Por otra parte, la comisión incluía en el día de hoy un punto para estudiar las propuestas de los grupos políticos al proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2015 y debatirlas antes de la apertura del proceso participativo. Según se ha señalado desde el equipo de Gobierno, los partidos de la oposición no han presentado ninguna propuesta ni han aportado medida alguna a dicho proyecto de presupuestos, a pesar de "haberse tendido la mano para que aportaran ideas y medidas que pudieran tener su reflejo en las cuentas del próximo año", aunque el ofrecimiento ha sido desestimado al no presentar ninguna línea de actuación.

Centros cívicos
Por último, dentro de la sección de Patrimonio, la comisión ha dictaminado a favor, por unanimidad, de la afectación expresa como centro cívico de dos locales destinados a sedes de las asociaciones de vecinos de ‘Los Castellanos’ y ‘El Arco’, así como la modificación del Plan General Municipal para la alteración de la calificación urbanística de los terrenos municipales destinados a la sede de la Asociación de Vecinos de ‘Aguas Vivas’.

Con las afectaciones de los locales de ‘Los Castellanos y ‘El Arco’ se regulariza la situación dichos edificios que, hasta el momento, eran objeto de cesión conforme a lo previsto en el Reglamento de Bienes cuando, según los informes y dadas las características de los edificios, habrían de tener la naturaleza de Centro Cívico y deberían estar adscritos a la Concejalía de Participación Ciudadana.

En el caso de la sede de la Asociación de Vecinos de ‘Aguas Vivas’, era necesaria la modificación previa del Plan General Municipal puesto que la calificación urbanística de dicho inmueble era la de bien patrimonial, cuando debe ser de dotacional público, equipamiento genérico y social. Una vez modificado el PGM, se deberá acordar también la afectación expresa a un Centro Cívico como en los anteriores.

Así, el objetivo de estas modificaciones es que los tres edificios tengan consideración y regulación de Centro Cívico y se adscriban a la Concejalía de Participación Ciudadana.