El Palacio de la Isla expone como ‘Documento del Mes’ la orden de la gobernación del Estado sobre la extinción de lobos, de 1813

Las batidas para acabar con zorras y lobos fueron una constante durante gran parte del pasado. Disminuir el número de lobos en las serranías de casi toda España fue una necesidad, por los daños que estos animales causaban preferentemente a la ganadería, siendo causa de ruina y desolación para la economía de muchas familias y a veces de comunidades enteras.

En plena Guerra de la Independencia, 1813, el Jefe Político de la Provincia de Extremadura Álvaro Gómez Becerra, recibe desde Cádiz donde se encuentran ubicadas las Cortes  españolas, una orden dirigida a todos los pueblos cabezas de Partido para que se hagan eco de la normativa relativa a la extinción de lobos de las sierras de Extremadura.

Se pagarán 8 ducados por cada lobo capturado y 16 por cada loba, 24 si la loba fuese capturada con camada y 4 ducados más por cada lobezno. Una recompensa que deberían pagar los ayuntamientos. Si se viese amenazada la vida de habitantes o viajeros se puede aumentar la recompensa para los cazadores de lobos. También recoge la orden que se pueda utilizar cualquier medio para la extinción de estos animales dañinos, desde armas de fuego a trampas o lazos.

El documento nos ilustra sobre un viejo problema con el que tuvieron que batallar durante siglos las gentes del medio rural extremeño, en su  lucha contra los daños causados por ciertos animales, considerados malignos, que acarreaban grandes problemas a la economía ganadera.